El 19 de febrero de 2017 se celebró en Ecuador, junto con las elecciones generales, un referéndum sobre la prohibición de que políticos y funcionarios públicos tengan cuentas bancarias o empresas con sede en paraísos fiscales. La propuesta fue aprobada por los votantes, dando a los funcionarios un año para transferir sus activos o ser destituidos de sus cargos.
La pregunta en la papeleta fue "¿Está usted de acuerdo en que, para quienes ocupan un cargo de elección popular o para los servidores públicos, se debería prohibir la tenencia de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?"
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